Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Base del Fuero CAyT
Detalle de la Actuación
Identificacion del expediente
Tribunal : CAMARA DE 2º INST. EN LO CAyT - SALA II
Numero : EXP 13170 /0 Estado: EN DESPACHO
Caratula: CAÑAS DE DAVIS MARIA TERESA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)
Fecha ingreso: 19/08/2004    
Datos de la Actuación
Fecha de Firma: 31/10/2007 Tribunal Origen: S02
Firmante: DANIELE, CENTANARO, RUSSO ()
Extracto: SENTENCIA
 

“CAÑAS DE DAVIS MARIA TERESA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)”, Expte: EXP 13170 / 0 Buenos Aires, de octubre de 2007 VISTOS: los autos indicados en el epígrafe, con le objeto de resolver los recursos de apelación interpuestos y fundados por las Sras. Rins y Rizzi (fs. 651/657), por el demandado GCBA (fs. 659/672), por la actora Zambroschi (fs. 674/676 vta.) por la señora Sinatra (fs. 681/682), y por el letrado de la coactora (fs. 683) contra la sentencia del 11 de mayo de 2007 en cuanto hizo lugar parcialmente al amparo promovido por la señora Zambroschi D’Agostino, y reguló los honorarios de los letrados de la actora y CONSIDERANDO: 1. Que la presente acción fue iniciada por la señora Cañas de Davis en su carácter de rectora del Instituto Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” con el objeto de que fueran dejadas sin efecto las designaciones de las profesoras María del Carmen Sinatra y Elba Cristina Rins -como directora y vicedirectora del nivel medio, respectivamente, del referido Instituto- quienes habrían tomado posesión de sus cargos el 11 de agosto de 2004, luego de sustanciado el concurso convocado por resolución 496-SED-2002. En su presentación inicial la actora se preguntaba si podría un Director o una Directora de Nivel Medio del Instituto coordinar idóneamente las tareas docentes de una institución eminentemente especializada en la enseñanza de las lenguas extranjeras modernas sin ser profesor o profesora de dicho ámbito específico de la enseñanza. Indicó que la promulgación del “mas alto nivel de calidad de la enseñanza” al que se refiere el artículo 23 de la CCABA exige que se mantenga la exigencia cualificatoria del artículo 59 del Reglamento Orgánico del Instituto. El cuestionamiento de la actora finca en que no se exigió en el concurso realizado contar con título nacional de profesor en uno de los idiomas que se dictan en el instituto, recaudo que, en criterio de la actora, estaría impuesto por el Reglamento Orgánico del Colegio. Peticionó, además, la reposición de las profesoras que desempeñaban esos cargos anteriormente 2. Que con posterioridad fue acumulada la demanda de igual objeto promovida por la señora Zamboschi de D’ Agostino en su carácter de habitante de la Ciudad y como representate legal de sus hijas, alumnas del establecimiento (ver fs. 286/310 y 334 y vta.). De la demanda acumulada sólo se ordenó correr traslado al GCBA (ver fs. 363). 3. Que a fs. 388/389, sin que las actoras ampliaran la demanda en ese sentido, el juez de grado decidió dar intervención a las profesoras María del Carmen Sinatra, Elba Cristina Rins, y Laura María Rizzi (quien habría asumido el cargo de vicedirectora debido a la licencia de la Sra. Sinatra). A fs. 396 el juez ordenó a la señora Cañas de Davis correr traslado de su demanda a las profesoras mencionadas. A fs. 399/405 obra la contestación de la profesora Laura María Rizzi, a fs. 406/412 la de la profesora Rins, y a fs. 420/421 la de la profesora Sinatra. 4. Que el señor juez de grado -luego de rechazar la demanda de la Sra. Cañas de Davis en razón de su falta de legitimación activa-, hizo lugar al planteo de la coactora Zambroschi de D’Agostino, en su carácter de habitante y como representante legal de sus tres hijas, alumnas del Instituto Lenguas Vivas, atento a que en autos se alegaba una afectación al derecho a la educación. En cuanto al fondo de la cuestión debatida indicó que el Reglamento Orgánico del colegio no ha sido derogado por la ley de transferencia. En su criterio, en tanto norma especial conserva su vigencia, tal como aconteció bajo el régimen del Estatuto del Docente Nacional, ley 14.473. Añadió que la especial idoneidad que debían tener los docentes que ocupasen los cargos de directores y vicedirectores obedeció y obedece a la particular situación del colegio, ya que se trata de un establecimiento educativo orientado a las lenguas extranjeras, que ha formado alumnos y profesores de elevado nivel académico, especialmente de inglés y francés. Concluyó que, en orden a resguardar el más alto nivel de calidad de la enseñanza, las vacantes para Director y Vicedirector del Instituto “Lenguas Vivas” debieron haberse cubierto conforme los requisitos de idoneidad que siempre se tuvieron en cuenta, esto es, poseer título nacional en idiomas extranjeros, tal como lo exigía el Reglamento Orgánico. En consecuencia, dejó sin efecto las designaciones efectuadas en el marco del concurso correspondiente. Añadió que si no se cumplía el reglamento, el daño a la educación debía presumirse. En su criterio, frente a la ilegitimidad debió probarse que no existía daño. Afirmó que se invierte la carga de la prueba porque el daño es una consecuencia cierta de la falta de idoneidad. Agregó que conforme al principio de las “pruebas dinámicas” era la Administración quien estaba en mejores condiciones de probar que no existía daño. Destacó que pese a que la autoridad correspondiente advirtió la posible dificultad en la interpretación del Estatuto del Docente y el Reglamento Orgánico del Instituto Lenguas Vivas, y pese a que solicitó a sus autoridades la sugerencia de modificaciones al Estatuto del Docente que receptara la necesaria armonización de los contenidos del Reglamento, siguió adelante con las designaciones efectuadas, hecho que en su criterio evidencia un accionar contradictorio, que abona la tesis de que se está frente a una norma técnica indubitada de buena gestión, o al menos de una norma técnica muy conveniente. 5. Que las Señoras Rizzi y Rins apelaron la resolución reseñada. Sostuvieron que el fallo resulta lesivo y agraviante, pues evaluó negativamente su idoneidad, pese a haber llegado a los cargos de los que se las pretende despojar mediante concursos no cuestionados. Indicaron que dotar a la Ciudad de un sistema educativo de excelencia es un acto de gobierno ajeno a la revisión del Poder Judicial. Señalaron que el juez califica y las descalifica, según sus propias pautas valorativas, sin aportar argumentación probatoria. Indicaron que el estatuto del docente en el artículo 8, apartado VII, inc. d) incluye al Lenguas Vivas en las áreas docentes en las que se aplica. Por lo tanto, para postularse a un cargo de dirección es necesario reunir los requisitos exigidos por el propio estatuto, requisitos que no podrían alterarse o modificarse por normas de inferior jerarquía como sería el reglamento orgánico aunque se lo considerase vigente. Afirmaron que el juez parece defender una conquista gremial de los profesores de lenguas extranjeras y que cabía preguntarse si el solo hecho de ser profesor de inglés o francés acredita una mayor idoneidad para dirigir un instituto educativo. Apelaron también la imposición de costas por su orden de la desestimación por falta de legitimación del planteo de la Sra. Cañas de Davis. 6. Que por su parte, el GCBA sostuvo al apelar que no concurría en el caso una conducta arbitraria o manifiestamente ilegal de su parte. Indicó que se advertía una divergencia interpretativa en cuanto a la ordenación jerárquica de las normas en juego y opiniones diferentes en torno a la mayor o menor conveniencia de que docentes designados para cubrir un cargo cuenten con ciertos títulos especiales. Afirmó que en la causa era imposible predicar arbitrariedad o manifiesta ilegalidad en las decisiones adoptadas, si se aprecia que los órganos competentes se han ceñido al texto legal vigente, la ordenanza 40.593. En su criterio, el amparo no es la vía adecuada para discutir la cuestión. Añadió que la Señora D’Agostino carecía de legitimación. En ese sentido afirmó que no ha indicado cuál es el perjuicio sufrido y que postula la reposición en los cargos de personas que no identifica. Señaló que el artículo 25 del Estatuto del Docente referido a ascensos incluye al instituto Lenguas Vivas, detallando los artículos 26 y 27 los recaudos legales para acceder a los cargos de ascenso, como lo son el de Director o Vicedirector de una escuela de Nivel Medio. Indicó que con sujeción a la normativa vigente se dispusieron las designaciones de las profesoras Sinatra y Rins, en un procedimiento concursal que no ha recibido objeción alguna y se proveyó posteriormente a la suplencia de la primera por la profesora Rizzi. Afirmó que el a quo afirma como norma técnica de ineludible seguimiento lo que solo expresa un criterio opinable, al que adhiere con la sola base de sus opiniones, juicios y valoraciones personales. Sustituye así al legislador -afirmó- que, en asuntos de su competencia ya ha establecido las reglas técnicas que estima necesarias y convenientes para los cuerpos directivos de las escuelas secundarias, cualquiera fuera su orientación, al definir los títulos y antecedentes que deben ostentar los aspirantes a esos cargos, los cursos que deben aprobar y los procedimientos de selección que deben sortear. Agregó que las plurales presunciones a que se atiene la sentencia son por demás extrañas y notoriamente endebles, amén del singular criterio que emplea para distribuir las cargas probatorias. 7. Que a fs. 681/682 apeló la profesora Sinatra quien planteó la nulidad de lo resuelto debido a que nunca se le corrió traslado de la demanda de la Señora D’Agostino. Afirmó que el único traslado que se corrió de tal demanda fue al GCBA (fs. 363). Indicó que nunca se le anotició la tramitación de la demanda de D’Agostino, ni de su acumulación a la anterior demanda que contestó y respondió oportunamente. Planteó la falta de legitimación de la actora en carácter de madre de alumnos del instituto. Informó que en él se dictan treinta y tres materias además de idiomas. En su criterio, el fallo es arbitrario e ilegítimo. Afirmó que su improcedencia queda demostrada por el hecho de que su resolución demoró tres años. 8. Que el letrado de la actora apeló los honorarios regulados, por bajos (ver fs. 683). 9. Que por su parte, la coactora, Zambroschi de D’Agostino, apeló la sentencia. Cuestionó que el a quo hubiera omitido reinstalar a las personas que se encontraban ocupando el cargo con anterioridad de las medidas en crisis. 10. Que al momento de evacuar la vista conferida, la Señora Fiscal ante la Cámara indicó que más allá de que se considere que el concurso debió haber sido regido por el Reglamento Orgánico de 1957, ni siquiera se ha ensayado una explicación acerca de cómo la omisión de cumplimiento de tal recaudo redundaría en un menoscabo en la educación que reciben los alumnos. Indicó que no es reconocido como elemento legitimador suficiente el genérico deseo ciudadano de la legalidad sino que es necesaria una determinada relación con la cuestión debatida. 11. Que para resolver el tema traído a conocimiento del tribunal cabe efectuar algunas precisiones que surgen de las constancias de autos y han sido claramente expuestas por el juez de grado en su sentencia. En particular, que el reglamento orgánico del Instituto Lenguas Vivas, establecido por decreto 8488, del 22 de septiembre de 1961 dispuso en sus vistos, que la ley 14.473 -el Estatuto del Docente Nacional- contenía disposiciones que implicaban cambios en el Reglamento Orgánico que con carácter provisional regía desde abril de 1957 para el Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas de la Capital y que, por tal motivo, la Dirección del establecimiento preparó un proyecto por el que se modificaba el referido reglamento orgánico adaptándolo a las exigencias legales en vigor. Conforme lo expuesto, el entonces Presidente de la Nación Argentina, Dr. Frondizi, aprobó el nuevo reglamento, quedando derogadas las disposiciones que se opusieran al nuevo texto (fs. 153 y sgts.). Obran en autos las modificaciones efectuadas por resolución 1191 del 6 de septiembre de 1982 (fs. 159/164), las efectuadas por resolución 1140, del 6 de mayo de 1985 (fs. 165/171) y las que surgen de la resolución 1140/85 (fs. 172/187). Según el artículo 13 del Reglamento Orgánico “El Director y el Vicedirector deberán ser profesores de idiomas extranjeros, uno de ellos de francés y el otro de inglés. El Regente y el Subregente deberán ser también profesores de idiomas extranjeros, el uno de francés y el otro de inglés.” (ver copia obrante a fs. 154 vta.) El artículo 13 del reglamento dictado en 1982, el artículo 59 del de 1985 y el 59 del de 1989, establecían igual recaudo para directores y vicedirectores. Al trasferirse a las provincias y a la ex municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires los servicios educativos, se estableció, en la ley 24.049, artículo 2º, que los requisitos específicos de las transferencias se fijarían mediante convenios a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y cada una de las jurisdicciones. Mediante acta complementaria nº 4, suscripta el 30 de noviembre de 1993, se decidió incorporar a partir del 1º de enero de 1994 los servicios educativos a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 196/197). 12. Que además de las normas indicadas por el juez en su sentencia cabe tener especialmente en cuenta lo dispuesto por el decreto 331/95, reglamentario del Estatuto del docente Municipal, que estableció modificaciones al decreto 611/86. En sus considerandos, se señaló que teniendo en cuenta la ley 24.049 y el decreto 964/92, el Poder Ejecutivo Nacional procedió a transferir los servicios educativos a su cargo a la comuna; que el señor Ministro de Cultura y Educación y el señor Intendente Municipal suscribieron el "Convenio de Transferencia de los Servicios Educativos Nacionales a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires"; que entre otros puntos se convino "estudiar la compatibilización de la normativa y la organización administrativa que facilite la integración de los servicios educativos nacionales y municipales"; que en la cláusula sexta del referido Convenio se establecieron las bases para la transferencia del personal de los establecimientos y servicios educativos, previéndose entre otros recaudos, el mantenimiento de la identidad o equivalencia de las jerarquías, funciones y situación de revista, el reconocimiento de la antigüedad en la carrera y en los respectivos cargos docentes y no docentes y reconocimientos de los títulos y antecedentes profesionales en equivalencia con los agentes municipales; que era necesario evaluar los inconvenientes que resultan de la aplicación de dos ordenamientos en forma simultánea, en el ámbito de esta jurisdicción; que los indicados inconvenientes y desarmonías de la coexistencia de regímenes conspira contra principios generales, tales como la claridad normativa, igualdad de tratamiento del administrado, eficacia y celeridad del trámite y certeza jurídica. Se añadió que la unificación del régimen persigue la coherencia en el funcionamiento del sistema, evitando conflictos dentro del área educativa. En ese sentido se destacó que el capítulo III de la ley de transferencia 24.049, en su artículo 8°, punto e, se refiere al reconocimiento al personal transferido "de títulos y antecedentes profesionales valorables para concurso de la carrera docente en equivalencia de condiciones con las vigentes para los docentes de la jurisdicción receptora”. Se consideró que era necesario establecer y fijar las pautas para la reclasificación del personal transferido, de acuerdo a la normativa municipal, protegiendo sus derechos. Por las razones apuntadas se decretó que “el personal docente transferido a esta jurisdicción por aplicación de la Ley N° 24.049, se regirá por el Estatuto del Docente Municipal (Ordenanza N° 40.593) y su Reglamentación, en todos sus aspectos generales y específicos." Por su parte, en el artículo 4º se estableció que “Solamente para el personal transferido (Ley N° 24.049) de las áreas de Educación Media y Especial, por esta única vez, para la elaboración de los listados de orden de méritos para las designaciones del año 1995, se tomarán las valoraciones ya efectuadas de acuerdo a la Ley N° 14.473". 13. Que del contexto normativo detallado en los considerandos precedentes no puede afirmarse con carácter indubitado que el Reglamento Interno del Instituto Lenguas Vivas continuara vigente al momento de realizarse el concurso por el que se designaran a las profesoras Sinatra y Rins en el punto que se cuestiona. En efecto, si bien se trató de un reglamento que rigió desde el año 1957, esto debe necesariamente analizarse en el marco de la transferencia. Luego del traspaso de los servicios educacionales al ámbito de la Ciudad, se efectuaron modificaciones e incorporaciones concretas al Estatuto Docente local (ordenanza 40.593) que contemplaron algunas particularidades de los centros transferidos de conformidad con la normativa reseñada. Entre estas previsiones, se incluyeron también algunas cuestiones específicas referidas al Instituto Lenguas Vivas. A título de ejemplo se señala en el artículo 25, apartado VII, punto B.2 para el nivel medio que “[s]erán de aplicación los escalafones del punto A.2) del presente apartado, con excepción del escalafón del profesor del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas ‹Juan Ramón Fernández›, que incluirá el cargo de director de Nivel Medio, ubicándose en la escala jerárquica entre el vicedirector o vicerrector del Nivel Medio y el de supervisor docente”. Sin embargo, en el aspecto concreto de los concursos ese estatuto no previó ninguna norma particular para el mencionado instituto. En efecto, en el mismo artículo 25, en su parte final se expresa que “[l]os escalafones incluidos en los punto A.1) y B.1) –Nivel Terciario– no estarán sujetos al régimen de designación por concurso establecido en la ley Nº 14.473. Las designaciones de este personal se regirán por los reglamentos de gobierno que para cada establecimiento apruebe la Secretaría de Educación”. Como se observa, no se incorporaron modificaciones expresas en el Estatuto con relación a la aplicación de su propio reglamento (que prevé la exigencia del idioma para los directores del instituto). Además, no se lo excluyó del régimen de designaciones generales como sí ocurrió con algunos escalafones del Nivel terciario, no así con el nivel inicial ni el medio, este último, en el que estaría incluido el Instituto Lenguas Vivas. Esta circunstancia, analizada en el contexto normativo ya detallado, no permite afirmar que haya existido ilegalidad o arbitrariedad de carácter manifiesto en la designación de las Sras. Rins y Sinatra, las que vale destacar, cumplieron con las demás exigencias de idoneidad requeridas, a la vez que el concurso no fue impugnado oportunamente por ninguno de los medios disponibles para ello (ni administrativa ni judicialmente). Tampoco es posible coincidir con la conclusión del juez anterior en grado en torno a la vigencia del reglamento orgánico, en todo aquello que se opone al estatuto del docente local, pese a lo normado expresamente en el decreto 331/95. Esto es así pues, más allá de las razones dadas por el juez de grado en su sentencia, no puede considerarse que la interpretación efectuada y actuada por el GCBA en el concurso que ha concluido con la designación de Directora y Vicedirectora fuera manifiestamente ilegítima o irrazonable, con solo tener en cuenta lo estipulado por el decreto 331/95, más allá de los atendibles argumentos a favor y en contra de la política implementada. De tal forma, cabe que quien lo considere conveniente, propicie las modificaciones legales que estime pertinentes, tal como parece haber acontecido en el marco del procedimiento administrativo tramitado en forma previa al sub examine. Es que la lectura del expediente administrativo pone en evidencia que la cuestión generó una situación compleja, que fue resuelta por aplicación de las normas del Estatuto del Docente local, y las demás dictadas en virtud de la transferencia de servicios educativos, lo que impide calificar a la conducta estatal como manifiestamente ilegal o arbitrara Cabe recordar que es la propia Constitución la que establece el carácter “manifiesto” de la arbitrariedad o ilegalidad que se atribuya al accionar del Estado. Como se indicó, no se deja de advertir la posible conveniencia de la solución propiciada por el a quo ya que parece razonable exigir en un instituto de enseñanza media especializado en idiomas que sus directores tengan esa formación. Sin embargo, esta sola constatación no habilita dejar sin efecto las designaciones regularmente efectuadas por la expedita vía del artículo 14 de la CCABA, sobre todo teniendo en cuenta las particularidades procesales de la causa. 14. Que a mayor abundamiento, cabe señalar que en sentido coincidente dictaminó el Sr. Asesor tutelar quien expresó que “las cuestiones planteadas en autos, relativas a la formación, perfeccionamiento e idoneidad docente, como también en el encuadre de la unidad educativa, quedan alcanzadas por la faz institucional dentro del marco normativo que impone el Estatuto Docente” (cfr. dictamen de fs. 633/7;apartado 3.3, párrafo 11). En cuanto a la idoneidad de las personas designadas, ese mismo funcionario (cfr. fs. 637) señaló que las profesoras Sinatra y Rins resultan, respectivamente, profesoras de Lengua y Literatura e Historia (fs. 501 vta. y 531) y que fueron designadas directora y vicedirectora como consecuencia de haber ganado los respectivos concursos de Títulos, Antecedentes y Oposición. Y afirmó que “[d]e las constancias obrantes en autos no surge prueba alguna, a criterio del suscripto, que permita afirmar la falta de idoneidad para desempeñarse en los cargos directivos respectivos, de las docentes que concursaron y ganaron los concursos antes mencionados, lo único que se ha probado es que dichos concursos fueron realizados en el marco que prevé el Estatuto Docente, cuya aplicación niegan los amparistas” (cfr. fs. 637vta.). Y concluyó que el derecho a la educación de los alumnos y alumnas del nivel medio del establecimiento en cuestión no se halla vulnerado (cfr. fs. 637). El Sr. Asesor se pronunció nuevamente a favor de la aplicación del Estatuto Docente local para la realización de los concursos, la idoneidad y la ausencia de afectación real y efectiva de los derechos de sus representados, en su dictamen a fs. 707/9. 15. Que aunque ninguna duda cabe de que los tribunales son ciertamente competentes para enjuiciar la legalidad de la actuación de los órganos juzgadores de los concursos, sustituir el marco jurídico bajo el cual el procedimiento ha sido concluido, sin que se advierta una clara violación legal, importaría constituirse en fiscalizadores de parámetros no jurídicos sino pertenecientes a cuestiones de política legislativa, esto es, lo concerniente a las preferencias exigidas a los concursantes, lo que podría llevar a admitir una suerte de omnisciencia de los órganos judiciales. Cuando el orden jurídico se remite a cuestiones técnicas complejas, de difícil comprensión o de imposible reproducción probatoria (por su característica intrínseca), de certeza técnica o científica relativa, la decisión administrativa debe ser controlada por el juez. Al menos debe verificar con el fondo de la cuestión si la decisión administrativa adopta una solución técnicamente aceptable, "tolerable", cuya razonabilidad sea aprehensible en virtud de su motivación. No se trata de un mero control de legalidad formal externa, debe examinarse detenidamente la verificación material de los hechos, y aun su apreciación mediante la aplicación de pautas técnicas razonables, además de la calificación jurídica respectiva. En el caso, la cuestión debatida puede resolverse respetando el criterio de la autoridad de aplicación, razonablemente apoyado en el marco jurídico vigente, sin necesidad de acudir a supuestas reglas técnicas que, a criterio del tribunal, no pueden admitirse como indubitadas. Lo expuesto no supone desconocer el derecho a la tutela judicial efectiva, ni negar la vigencia del derecho al más alto nivel de calidad de la enseñanza, ni el principio del sometimiento pleno de la administración a la ley y al derecho, ni la exigencia del control judicial sobre la actuación administrativa y su sumisión a los fines que la justifican. Para concluir basta señalar que al no constatarse que los concursos sustanciados hubieran estado afectados de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, sólo corresponde agregar que la posible subsistencia de las normas de inferior jerarquía –cuestión sumamente compleja y opinable– no puede dar por tierra con el derecho de las personas que han tenido una intervención procesal ciertamente insuficiente respecto al reclamo que finalmente prosperara, ya que ello podría importar una arbitrariedad mayor a la que intenta combatirse. 16. Que sin perjuicio de lo expuesto y de la solución adoptada en las presentes actuaciones, sería prudente y aconsejable una incorporación específica sobre el punto a fin de evitar futuros conflictos interpretativos. 17. Que en cuanto al planteo de nulidad efectuado por la profesora Sinatra (fs. 681/82), en atención a la forma en que se resuelve, resulta de innecesario tratamiento. Disidencia del Dr. Esteban Centanaro: Coincido con lo expuesto por mis distinguidos colegas en el exhaustivo relato de los hechos relevantes de la causa, así como en la reseña de las normas involucradas contenidos en los consideranos 1 a 12, inclusive. 1. Que en cuanto a lo demás debo agregar que la acción de amparo procede para la tutela inmediata de un derecho constitucional violado en forma manifiesta, mas no es admisible cuando el vicio que comprometería garantías constitucionales no resulta con evidencia, de manera que la dilucidación del conflicto exige mayor amplitud de debate y prueba (conf. Fallos 321:1252, cons.30), pues debe extremarse la prudencia para no resolver materias de complejidad fáctica y técnica por la vía expedita del amparo a fin de no privar a los justiciables del debido proceso mediante pronunciamientos dogmáticos. Es que sí bien el amparo no es excluyente de cuestiones que necesitan demostración, si descarta aquellas cuya complejidad o difícil comprobación requiere de un aporte mayor de elementos de juicio (conf. considerando 11 del voto de los Dres. Belluscio y Bossert en Fallos 321:1252 y 232:1825); y para su admisión, cuando se persigue la declaración de inconstitucionalidad de una norma alegando perjuicio exclusivamente patrimonial, es necesario que se acredite en debida forma la inexistencia de otras vías procesales idóneas para reparar el perjuicio invocado, prueba que, claro está, se encuentra a cargo de quien la alega (Fallos 321: 1252, disidencia de Fayt). En otros términos, sostuvo en su momento el Dr. Oyhanarte que para que el juicio de amparo sea viable y lícito es preciso que posibilite el control judicial suficiente del asunto debatido, suficiencia que depende de factores como la complejidad técnica de la materia litigiosa, la índole y magnitud de los intereses públicos comprometidos y el régimen de la organización administrativa que se trate (Fallos 313:1513, cons. 14, del voto de Oyhanarte). La razonable interpretación del texto constitucional, más allá de posiciones doctrinarias extremas, puede basarse en una idea expuesta por Bielsa, quien señaló que “el amparo, en general, no es un medio providencial como creen algunos que lo consideran como remedio genérico protector de todo el que cree que sus derechos han sido lesionados” (Rafael Bielsa, “El recurso de amparo. Análisis doctrinal. Jurisprudencia”, 1965, p. 180). No constituye el medio adecuado para dilucidar el sentido último de preceptos legales complejos y encontrados, ni remediar todos los males que pudieran surgir del desconocimiento del derecho constitucional de propiedad, sino tan solo los que impliquen un desconocimiento grosero y patente de tal garantía; es decir, los casos en que su vulneración supere, claramente y sin necesidad de mayor examen, lo meramente opinable en materia de interpretación de las normas concretamente involucradas (voto de Belluscio y Petracchi en “Algodonera san Nicolás, y otros c/ Ciudad de Buenos Aires” del 3/05/02). Por lo expuesto cabe concluir que la viabilidad del amparo está reservada a casos en que la arbitrariedad o ilegalidad imputada al acto o la omisión sea manifiesta, vale decir, debe surgir nítidamente de los elementos de juicio presentados con la petición, o bien poder ser demostrada mediante prueba simple o sencilla. La inadmisibilidad del amparo cuando no se presenta aquel carácter no ha variado con la reforma constitucional (Fallos319:2955 y 324:754, voto de los Dres. Fayt y Belluscio), ni con el dictado de la Constitución de la Ciudad, ya que está excluido cuando por las circunstancias del caso requiere mayor debate y prueba (Fallos 321:1252; 323:2097), criterio éste ratificado por la excelente ley de amparo 2145, que dejó de lado la legislación de facto a al fecha. Debe tenerse en cuenta que por más que el amparo sea el procedimiento más expeditivo y rápido puede no ser conveniente para el afectado, pues la limitación probatoria que implica puede conducir a un resultado desastroso para él si no logra poner de manifiesto la arbitrariedad o ilegalidad que lo afectan. 2. Que sentado lo expuesto cabe recordar que de acuerdo a lo dicho por el Dr. Casás en la causa “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Prati, María Teresa c/ GCBA s/ amparo art. 14 CCABA” del 4 de mayo de 2007, para que un caso pueda ventilarse en un proceso judicial de amparo debe plantearse una situación que permita al juez una ágil tramitación y decisión que haga cesar la arbitraria lesión, restricción, alteración o amenaza de los derechos o garantías constitucionales o legales aludidos por los artículos 43 de la CN y 14 de la CCBA. En ese sentido destacó que la Constitución predica el carácter “manifiesto” de la arbitrariedad o ilegalidad que se atribuya al accionar del Estado (cf. voto conjunto de Casás y la señora jueza Ana María Conde en la causa “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Akrich, Gustavo Raúl c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA)’”, expte. nº 4782/06, sentencia del 29 de noviembre de 2006(. En ese sentido, la idoneidad del amparo, como garantía de protección de los derechos y garantías, dependerá de diversas características propias de la cuestión debatida. Ello sentado cabe adelantar que en autos se encuentra ausente uno de los presupuestos esenciales para la procedencia del amparo, esto es, la posibilidad de resolver la cuestión sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos que conforman la materia debatida (es decir, un amplio debate), toda vez que no surge de manera palmaria que le asista la razón a alguna de las partes. Y es que para sostener que las designaciones de Directora y Vice del nivel medio del Instituto violan con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta el derecho de los alumnos a gozar del mayor nivel de excelencia educativa, y puedan ser dejadas sin efecto en este proceso, es menester partir de premisas conceptuales que no resultan evidentes, a saber: a) que pese a la transferencia educativa operada el reglamento orgánico del colegio mantendría su vigencia, en todo aquello que se opone al Estatuto del Docente local, pese a lo expresamente normado en el decreto 331/95; b) que una interpretación contraria importa un menoscabo a la calidad del servicio educativo brindado por el establecimiento escolar; c) que ante la violación normativa apuntada es la parte demandada quien debe probar la inexistencia del daño al servicio educativo, invirtiendo así la carga de la prueba; d) que existe una norma técnica indubitada en el sentido de que los directivos del establecimiento en el nivel medio deben ser profesores de inglés o francés; e) que las designaciones efectuadas en los concursos concluidos son ilegítimas, y pueden ser dejadas sin efecto en el marco del presente proceso, f) que el derecho a la estabilidad de las autoridades designadas se vería salvado mediante la intervención que han tenido en el presente proceso, más allá de que técnicamente no se les ha corrido traslado de la demandada que finalmente prosperó. 3. Que en cuanto a la cuestión identificada en el punto a) precedente, no es posible coincidir con el a quo pues, más allá de las atendibles razones esbozadas, no puede considerarse que la interpretación efectuada y actuada por el GCBA en el concurso que ha concluido fuera manifiestamente ilegítima o irrazonable. Tal solución de impone solo con el texto del artículo 25 del Estatuto del Docente y lo estipulado por el decreto 331/95. Más allá de la posible conveniencia de la solución propiciada por el a quo, esta sola constatación no habilita dejar sin efecto las designaciones regularmente efectuadas por la expedita vía del artículo 14 de la CCABA, sobre todo teniendo en cuenta las particularidades procesales de la causa que han importado un deficit importante en las posibilidades defensivas de las terceras involucradas. Es que para arribar a la solución atacada, el a quo debió poner en cabeza de la demandada una prueba cuya complejidad excede con creces el marco de un proceso de amparo, generando así una clara situación de desamparo. Cabe agregar que la sentencia de grado tampoco logró satisfacer la pretensión de las actoras, tal como surge del recurso interpuesto en lo relativo a la reincorporación de personas que no se han tomado el trabajo de individualizar. 4. Que todo ello exhibe la mayor idoneidad de la vía legislada como ordinaria, en cuyo marco, el desarrollo del debate, comenzando con la exposición del derecho de la parte actora, siguiendo con el mayor tiempo de estudio de que dispondría la demandada para responderla, así como las terceras involucradas en autos (quienes son evidentemente las mayores perjudicadas por la decisión adoptada), el despliegue pleno de la prueba y el alegato sobre su mérito, posibilitarían el debate sereno propio del ejercicio del derecho de defensa. En tanto ha quedado de manifiesto qué el reducido ámbito del debate propio del amparo afectó el derecho de defensa, y fue determinante para desembocar en una sentencia de condena contra personas que ni siquiera han recibido un traslado formal de la demanda, cabe concluir que importó un debate insuficiente para resolver el litigio. Tomando palabras del Señor Juez Lozano, in re “Parcansky, Manuel Jorge c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)” del 5 de mayo de 2007, claramente aplicables a los hechos del sub examine, el amparo resulta menos idóneo que los procesos ordinarios porque el impacto temporal de éstos en el derecho requerido de tutela, aun cuando exista, no aparece como suficientemente relevante en relación con la ventaja (aquí necesidad) de un debate y decisión más distendidos. A esta altura de la causa, a pesar de haber transcurrido más de tres años desde el inicio del pleito, los agravios de los recurrentes ponen en evidencia que no se ha sustanciado un debate que permita resolver la controversia de autos garantizando el derecho de defensa. Asiste razón al GCBA cuando objeta que lo actuado en el marco del concurso sea calificado como manifiestamente ilegítimo o arbitrario, y aunque ello no es suficiente para emitir opinión sobre su legalidad, alcanza, en cambio, para rechazar el amparo, sin restringir la potestad de reclamar por la vía pertinente, cumplidos los recaudos del caso. La solución que propició no supone, entonces, emitir opinión acerca de la cuestión de fondo, puesto que de hacerlo, dado el acotado debate que se dio en la causa, quedaría inevitablemente afectado el derecho de defensa de alguna de las partes y, a su turno, quedaría compelido a abordar la cuestión en un marco inadecuado (ver doctrina de “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado” en ‘Parcansky, Manuel Jorge c/ GCB A s/ amparo (art. 14 CCABA)’ 5, de junio de 2007, voto del Juez Lozano). 5. Que el rechazo de la acción, claro está, no impide a la actora ejercitar la defensa de los derechos que considera le asisten, ya que ellos pueden hacerse valer formulando todas las peticiones que correspondan en sede administrativa o, de concurrir sus requisitos, mediante una demanda que se ajuste a las reglas del CCAyT. El adecuado cauce procesal del litigio permitirá a todas las personas con derechos en juego plantear las cuestiones que consideren relevantes y a los jueces decidir con un debate previo amplio y suficiente. Aunque ninguna duda cabe de que los tribunales son ciertamente competentes para enjuiciar la legalidad de la actuación de los órganos juzgadores de los concursos, sustituir el marco jurídico bajo el cual el procedimiento ha sido concluido, sin que se advierta una clara violación legal, importaría constituirse en fiscalizadores de parámetros no jurídicos sino pertenecientes a cuestiones de política legislativa, esto es, lo concerniente a las preferencias exigidas a los concursantes, lo que podría llevar a admitir una suerte de omnisciencia de los órganos judiciales. Lo expuesto no supone desconocer el derecho a la tutela judicial efectiva, ni negar la vigencia del derecho al más alto nivel de calidad de la enseñanza, ni el principio del sometimiento pleno de la administración a la ley y al derecho, ni la exigencia del control judicial sobre la actuación administrativa y su sumisión a los fines que la justifican. En síntesis, al no constatarse que los concursos sustanciados hubieran estado afectados de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, sólo corresponde agregar que la posible subsistencia de las normas de inferior jerarquía -cuestión sumamente compleja y opinable- no puede dar por tierra con el derecho de las personas que han tenido una intervención procesal ciertamente insuficiente respecto al reclamo que finalmente prosperara, ya que ello podría importar una arbitrariedad mayor a la que intenta combatirse. Por las razones expuestas, considero que corresponde revocar la sentencia apelada y rechazar el amparo incoado. Con costas en ambas instancias en el orden causado (art. 14 CCABA). En ese sentido dejo expresado mi voto. Por las razones expuestas, y habiendo dictaminado la señora Fiscal ante la Cámara, el tribunal RESUELVE: revocar la sentencia apelada y rechazar el amparo incoado. Con costas en ambas instancias en el orden causado (art. 14 CCABA). Regístrese, notifíquese –a la mencionada funcionaria en su despacho– y devuélvase